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El INS baja y eleva algunas tarifas
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Posted on March 11, 2003 Jorge Luis Macías Reportero de La Opinión La Opinión - Aunque el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) desaparecerá el 1 de marzo como dependencia federal, ayer dio a conocer una regla final que restituirá a partir de hoy la carga adicional por honorarios en materia de adjudicación de peticiones de familia y empleo, autorizaciones de empleo, casos de asilados y refugiados, naturalización y la implementación de programas especiales como el Estatuto de Protección Temporal (TPS), cuyos fondos servirán para continuar con los servicios de asilo y refugio político, que están exentos de pagos. El INS técnicamente desaparecerá este 1 de marzo y el organismo sucesor se integrará en el nuevo Departamento de Seguridad Interna (DHS) y a la nueva Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (BCIS) que absorberá todas sus responsabilidades, incluida la recopilación de las cuotas de servicios. “Volveremos a tener los mismos costos de operación, aunque es importante aclarar que no hay aumentos en las tarifas”, dijo Francisco Arcaute, portavoz del INS, quien explicó que seguirán siendo válidos todos los formularios y documentos oficiales del INS que continuarán aceptando el BCIS y otras entidades como prueba de la condición migratoria en Estados Unidos. Las oficinas locales del BCIS seguirán funcionando en las actuales del INS, dijo Arcaute, incluidos los centros de solicitudes y los de servicios. En primera instancia, el Congreso aprobó desde enero 23 a febrero 26 la reducción de costos, con base a la Ley de Seguridad Nacional, promulgada por el presidente George W. Bush. En esa fecha, el INS publicó una regla interina que redujo sus costos de operatividad entre un 15% y un 20%, luego de que el organismo fue requerido en 2002 para actuar bajo las provisiones de la Sección 457 de la Ley de Seguridad Nacional. Pero en un cambio de parecer el mismo Congreso aprobó la restauración de cuotas. Por ejemplo, el pago de 95 dólares por un reemplazo de tarjeta de residente (formulario I-102), a partir de hoy será una vez más de 130 dólares; la solicitud de naturalización (I-400), de 188 dólares volverá a costar 260 dólares. “Necesitamos restaurar los costos para poder financiar los programas de asilo político y refugiados”, indicó Arcaute, quien dio a conocer que durante el año 2000, el INS aprobó 22,861 asilos políticos. Entre los beneficiados se encontraron 39 ciudadanos de México, 146 de El Salvador, 274 de Guatemala, 2,470 de Colombia, 1,982 de Somalia, 378 de Pakistán y 630 de Rusia, además de 1,137 de armenios. La cifra de refugiados en ese mismo año alcanzó la cifra de 72 mil, de las cuales hubo 47,700 solicitudes de asilo político. El gobierno estadounidense aprobó la petición de 22,860 personas. Decisión criticada “Creo que desde un principio [el INS] cometió un error, porque al bajar las tarifas no podían dejar sin fondos los programas de asilo y para refugiados políticos”, dijo a La Opinión Ana Avila, abogada de la organización El Rescate, que proporciona ayuda legal a ciudadanos centroamericanos. Sin embargo, Avila consideró como “buena noticia” que el gobierno estadounidense haya restituido ambos programas. “Eso quiere decir que seguirán vigentes”, dijo a La Opinión. No obstante, criticó la demora en la respuesta a cientos de miles de solicitudes de asilo político presentadas por salvadoreños, quienes huyeron de la guerra civil de los años 80. “Miles de personas están en el limbo migratorio, porque el INS nunca les dio una entrevista, aunque sometieron sus solicitudes desde 1990 ó 1994, y aunque han venido renovando sus permisos de trabajo, el INS nunca actuó para otorgarles o negarles el asilo”, dijo Lara. Muchos centroamericanos llenaron sus solicitudes antes de septiembre de 1990, hace más de una década. Pese a que han adquirido sus casas, tienen hijos nacidos en este país y han echado raíces en Estados Unidos, enfrentan el peligro de la deportación, porque la situación política en El Salvador ha cambiado y miles de ellos no podrán comprobar ahora el riesgo de perder la vida si son devueltos a su país. “Una deportación masiva sería terrible no sólo para nosotros, sino para toda Centroamérica”, vaticinó la abogada de El Rescate, quien dio a conocer que seis salvadoreños fueron llamados a entrevista por parte del INS y una vez que les fue denegado el asilo político, ahora tendrán que ir a un tribunal federal de inmigración para apelar una probable deportación. Angélica Salas, directora ejecutiva de Coalición de Los Angeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), advirtió que a partir del 1 de marzo “todo va a cambiar en el INS, porque la Administración del presidente George W. Bush ha retrocedido en su postura anterior de que millones de personas tuvieran un proceso justo y rápido en sus solicitudes de ajuste migratorio”. “No es prioridad de la Administración Bush establecer esos procesos, sino que le piden a la misma gente que espera por tanto tiempo y recibe tan mal servicio que paguen por el error de muchas personas que los han hecho esperar por más de 10 ó 12 años”, concluyó Salas. Se calcula que un promedio de cuatro a cinco millones de mexicanos están a la espera de resolver su situación legal en este país. Por su parte, Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza Hondureña de Los Angeles, dijo que su preocupación más grande era “la desintegración del INS, porque hay miles de hondureños que no han recibido sus permisos de trabajo”. “Creo que de ahora en adelante no habrá un seguimiento normal a las peticiones hechas a través del Estado de Protección Temporal (TPS)”, dijo Rodríguez, quien indicó que unos 88 mil hondureños y cinco mil nicaragüenses esperan de la Administración Bush una quinta extensión del TPS, que vence el próximo 5 de julio. |